A propósito de las quejas de la izquierda española sobre este tema, podemos contar alguna cosa:
La primera es que el supuesto privilegio de la exención del impuesto del IBI “no es en absoluto un privilegio especial de la Iglesia Católica”. Hay diferentes organismos que gozan de ese beneficio: los servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y Servicios penitenciarios); los inmuebles destinados a usos religiosos por aplicación de Convenios con la Santa Sede, con Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica; los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea de aplicación la exención por convenios internacionales; los pertenecientes a Cruz Roja; los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos; los colegios concertados; los pertenecientes al patrimonio histórico-artístico. Además de estos los beneficiados de esta excención son las entidades sin fines lucrativos; y los partidos políticos y sindicatos que, no tienen que declarar lo ingresado por cuotas, las subvenciones, las donaciones, los rendimientos de sus actividades económicas, y los rendimientos procedentes de las rentas de su patrimonio. Otra consideración que cabe hacerse es el oportunismo de esta demanda de la Iglesia porque en el momento de crisis actual los ayuntamientos necesitan más dinero. Pero había que preguntar a estos ¿Qué están haciendo por los pobres las embajadas, los propietarios de los grandes palacios, las mezquitas…? ¿Qué están haciendo por ellos los ayuntamientos? Porque a Caritas nos llegan cada día personas enviadas por sus ayuntamientos para que les echemos una mano, ya que ellos andan justos de presupuesto. No los envían a los sindicatos ni a los partidos, a las mezquitas o sinagogas, embajadas o legaciones diplomáticas. No. A las parroquias.
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