El Consejo Fiscal propinó ayer un duro varapalo al anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto. Testimonial, si se quiere, porque su informe –aunque necesario para comenzar la tramitación parlamentaria de la normativa–, no es vinculante; pero tremendamente revelador de los riesgos que asume el Gobierno si continúa adelante con el texto normativo propuesto.
En primer lugar, considera inconstitucional la posibilidad de que se permita el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación con el único requisito de que la mujer sea informada por escrito de las ayudas públicas de apoyo a la maternidad (artículo 14 del texto). Los fiscales recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) deja claro que «la vida humana en formación es un bien que constitucionalmente merece protección». Y en su opinión, en una ley de plazos el derecho a la vida del no nacido queda «absolutamente desprotegido».
Otro de los puntos más conflictivos del anteproyecto, el que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin necesidad del consentimiento paterno, también es censurado por el Consejo Fiscal. Lo más oportuno sería que en estos casos los padres «deban ser informados de la situación de su hija y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de decisión por quien corresponde: la menor».Los fiscales no consideran «razonable» que una decisión tan importante en la vida de la menor y que puede, además, acarrearle graves secuelas psicológicas, sea adoptada por sus padres, por lo que optan por esa fórmula intermedia que el texto propuesto no contempla.
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