Sindicatos y patronal, a pesar de recibir sustanciales subvenciones públicas, se creen con la potestad de diferenciarse de los partidos, por lo que piden que sus cuentas no estén sometidas al mismo control que el de las organizaciones políticas. Representantes de CCOO y UGT han exigido hoy al Congreso que su sometimiento a la Ley de Transparencia no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.
En una comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita el texto, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha advertido de que, en el caso de las organizaciones sindicales, la obligación de "información activa" que recoge la ley debe "quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que gestionan".
Benito ha defendido que tampoco hay que "confundir" la obligación de los sindicatos con la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".
Con el mismo objetivo de diferenciar a los sindicatos de los partidos, Monell ha recordado que las organizaciones sindicales no están sujetas a una ley de financiación como sí lo están las políticas.
Los representantes de las dos centrales sindicales han subrayado la necesidad de que se tenga en cuenta la "singularidad" que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores.
Así, el dirigente de CCOO ha detallado que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos Generales del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8 por ciento del total, y ha resaltado cómo se han recortado estas cantidades en los últimos años: Si en 2009 CCOO percibió 6,6 millones de euros de las cuentas estatales, este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones. Además, ha incidido en que su sindicato ya es "transparente" y tiene colgados sus "balances" y "presupuestos" en su página web.
En términos similares se ha expresado Monell, quien ha puesto de relieve que el grueso de la financiación de UGT "no viene de fondos públicos". Aunque no ha ofrecido datos concretos, ha indicado que "los ingresos propios", provenientes de sus afiliados, superan el 70% del total.
La patronal no quieren tanta 'transparencia'
La CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia, ha explicado hoy en el Congreso el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita esta ley, el representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Lázaro ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
Además, ha defendido la necesidad de un "control flexible" que permita el funcionamiento de sus 4.500 organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, a las que la ley impone "obligaciones formales difíciles de asumir".
Una ley por concretar
Desde hace meses los partidos políticos acordaron incluir en la Ley de Transparencia, tanto a los sindicatos como a las empresas privadas que reciban fondos públicos, pero aún no se ha concretado qué criterios de transparencia tendrán que cumplir.
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